Posición de UCCAEP en relación con la inclusión de Costa Rica en la lista de jurisdicciones no cooperantes (Anexo I) de la Unión Europea Miércoles 15 de febrero 2023. El sector productivo empresarial manifiesta su
preocupación por la inclusión de Costa Rica dentro de la lista de jurisdicciones no
cooperantes de la Unión Europea (UE), los antecedentes y las circunstancias dentro
de las cuales se está dando esta situación y particularmente, en torno a los
compromisos que se entiende han sido acordados por nuestro país con la UE en
relación con una potencial reforma del sistema tributario nacional.
Nos preocupan las inconsistencias e incluso impresiones que se han estado
comunicando en torno al alcance de las reformas que la UE está solicitando que
Costa Rica considere a su sistema tributario, dado que lo anterior podría resultar en
un mal entendimiento o manipulación en cuanto a lo que verdaderamente se debería
considerar reformar.
En primera instancia, es importante aclarar que:
▪ El sector productivo empresarial nunca fue consultado ni tuvo conocimiento
previo de las acciones y compromisos asumidos por el gobierno anterior con la
UE. Dichos acuerdos fueron una acción totalmente unilateral del Poder Ejecutivo
de la Administración pasada.
▪ Igualmente, desde que inició esta nueva Administración, el sector productivo
empresarial no fue informado sino hasta la semana pasada, de ninguna acción
en relación con este caso ante la UE.
▪ De haber sido consultados anteriormente, el sector productivo empresarial
hubiera podido dar apoyo técnico y soporte para ayudar a haber tratado de evitar
estar en la situación en la que se encuentra hoy el país con la UE.
▪ Es incorrecto indicar que la UE está exigiendo que Costa Rica adopte un sistema
tributario de “Renta Mundial” como se ha mencionado en algunos medios de
comunicación.
▪ Desde un punto de vista técnico, la UE no considera que los regímenes que
aplican el impuesto sobre la renta con base en el principio de territorialidad sean
problemáticos por sí mismos, excepto cuando crean situaciones de doble no
imposición.
▪ Esta lista en la que fue incluida Costa Rica el día de ayer, es el resultado de una
acción unilateral de la UE. No es una iniciativa de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Organización de la cual Costa
Rica es un miembro que cumple actualmente con sus estándares
internacionales.
▪ El alcance de las reformas que pretende la UE, se refiere a rentas pasivas
empresariales. No de personas físicas.
▪ En particular, en relación con los sistemas tributarios territoriales, la UE ha
determinado que se debe adoptar un sistema de renta territorial “ampliada” o
“reforzada”, bajo el cual los países tienen dos opciones básicas: i) introducir un
gravamen sobre las rentas empresariales pasivas del exterior, o bien, ii)
mantener la exoneración de las rentas empresariales pasivas del exterior,
implementando una serie de requisitos de sustancia adecuados, entre otros. Es
decir, no se trata de proceder con una reforma integral del sistema territorial ni
tampoco de simplemente proceder con la inclusión de un impuesto a todas las
rentas pasivas del exterior.
La UE definió un Código de Conducta (Fiscalidad de las Empresas) bajo el cual
decidió considerar, entre otros, como “nocivos” ciertos regímenes de rentas de
fuente extranjera, conocidos en inglés como “Foreign Source Income Excemption
Regimes” o por sus siglas “FSIE”, cuando éstos contengan, por ejemplo, una
exoneración de rentas pasivas empresariales de fuente extranjera amplia y sin
condición alguna, como considera la UE es el caso particular de Costa Rica, que
tiene un sistema tributario territorial y que ha sido ya sujeto de revisión y aceptación
por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como
parte de sus revisiones previas al ingreso de nuestro país a dicha organización
internacional.
En pocas palabras, la UE exige que todos los países del mundo adopten un sistema
tributario que esté alineado a su visión bajo su Código de Conducta de lo que han
definido y decidido es un sistema tributario apropiado. En particular, en relación a
los sistemas tributarios territoriales, ha determinado que se debe adoptar un sistema
de renta territorial “ampliada” o “reforzada”, bajo el cual los países tienen dos
opciones básicas: i) introducir un gravamen sobre las rentas empresariales pasivas
del exterior, o bien, ii) mantener la exoneración de las rentas empresariales pasivas
del exterior, implementando una serie de requisitos de sustancia adecuados, entre
otros. Es decir, no se trata de proceder con una reforma integral del sistema
territorial ni tampoco de simplemente proceder con la inclusión de un impuesto a
todas las rentas pasivas del exterior.
Dicho sistema de “renta territorial reforzada”, bajo el cual se podrían llegar a gravar
ciertas rentas pasivas empresariales del exterior, es técnicamente distinto a un
sistema de “renta mundial”, en el cual, se gravarían todas las rentas (tanto activas
como pasivas) con base en un criterio de residencia fiscal y/o nacionalidad. Por ello,
resulta necesario a todas luces hacer dicha aclaración y que cualquier potencial
reforma se dirija a cumplir sólo con el estándar particular requerido por la UE.
No se puede dejar de lado que OCDE, en su Análisis de Políticas Fiscales Costa
Rica 2017, dejó claro que el país no debe pasar de un sistema territorial en el
Impuesto sobre la Renta a uno puramente mundial que grave todos los tipos de
ingresos empresariales de origen extranjero tanto activos como pasivos.
En dicho informe se hace referencia a que el país podría considerar gravar los
ingresos pasivos recibidos por inversiones en el exterior; no obstante, advierte que:
i) gravar los ingresos pasivos de inversiones en el exterior a una tarifa baja generará
pocos ingresos fiscales; ii) que aplicar una tarifa demasiado elevada podría generar
distorsiones, porque iría en detrimento de la competitividad de las empresas
costarricenses que invierten en el exterior e induciría a una demora en la
repatriación de fondos; y iii) que el paso hacia la tributación de los ingresos pasivos
de fuente extranjera debe ir acompañado de medidas que alivien la doble
imposición, que no son contempladas actualmente en el país, salvo en los escasos
cuatro convenios para evitar la doble imposición que se encuentran vigentes.
Es además importante recalcar y aclarar que de los documentos y evaluaciones del
Grupo del Código de Conducta (Fiscalidad de las Empresas), que es el órgano
interno de la UE que se encarga de evaluar a diferentes jurisdicciones y territorios
con el fin de determinar si sus sistemas tributarios tienen elementos nocivos con
base en los estándares de gobernanza fiscal de la UE, se desprende que el alcance
de las reformas que se buscan se refieren a la tributación de las empresas y no de
las personas físicas. Cualquier pretensión de impulsar una reforma que busque
incluir el concepto de renta mundial o de renta territorial reforzada que incluya
también a las personas físicas, no estaría alienado con las exigencias de la UE y
sería un error muy grave para el país.
El sector productivo empresarial considera oportuno analizar y estudiar
cuidadosamente la solución propuesta por otras jurisdicciones, como es el caso de
Uruguay, jurisdicción que fue incluida en 2021 en el Anexo II (lista gris) y tras
introducir una serie de reformas a su régimen de FSIE, que implican la exigencia de
condiciones de sustancia para excluir rentas pasivas empresariales del exterior, sin
necesidad de gravarlas de forma indiscriminada, logró el 14 de febrero de 2023, su
exclusión del Anexo II de la lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos
fiscales de la UE. Es posible cumplir con los estándares que está exigiendo la UE,
sin necesidad de eliminar nuestro modelo de territorialidad ni creando impuestos a
todas las rentas pasivas exteriores, que lejos de incrementar la recaudación, tendría
un impacto negativo sobre la inversión internacional y doméstica, promovería la fuga
de capitales y afectaría la tan necesaria reactivación económica que continúa lenta
y distante.
Es importante recordar y llamar la atención a todos los sectores sobre la realidad
tributaria de nuestro país. Según el reporte “Paying taxes 2020” elaborado por el
Banco Mundial, Costa Rica tiene una de las tasas efectivas compuestas promedio
empresariales más altas a nivel de los países de la OCDE, con un 58,3%. Además,
dentro de la OCDE, Costa Rica es el séptimo país con la tasa efectiva de impuesto
sobre la renta más alta, incluso en comparación con muchos de los países de la UE
que hoy exigen que reformemos nuestro sistema tributario
Adicionalmente la OCDE ha llamado la atención sobre los altos costos de nuestras
cargas sociales. Por lo que es evidente que Costa Rica no es ni remotamente un paraíso fiscal ni una jurisdicción de baja imposición. Por el contrario, somos de los que tienen las
cargas tributarias más altas.
Nuestro sistema de renta territorial es un modelo apropiado para economías
emergente que son importadoras netas de capital y requieren incentivar la inversión
internacional y doméstica. Y lejos de necesitar más cargas tributarias, este país
necesita reducir el costo fiscal de las empresas y empresarias y empresarios que
contribuyen y cumplen. El enfoque en materia de reformas tributarias debería ser
en buscar ampliar la base contributiva con la inclusión y combate de la informalidad
que no solo no contribuye, sino que afecta la competitividad de quienes hoy
aportamos a las finanzas públicas y seguimos invirtiendo en nuestro país. En lugar
de buscar seguir con una política de “ perseguir y buscar que sean los mismos
quienes pagan los incrementos en las cargas tributarias, esperamos que los
esfuerzos estén en perseguir a quienes están operando desde la informalidad e
ilegalidad, y buscando un debido recorte de gasto público y la simplificación de
nuestro sistema tributario actual.
Por lo que cualquier reforma tributaria que proponga el Gobierno para cumplir con
las exigencias de la UE, debe analizarse y dimensionarse de forma adecuada, para
no generar un mayor costo y complejidades que se traduzcan en una menor
competencia del país y en una fuga de capitales en momento donde urge la
reactivación económica.
A la fecha el sector productivo empresarial no ha sido consultado ni tiene
conocimiento sobre cuál es el alcance de las reformas que pretende plantear el
Gobierno actual en cuanto a una propuesta de “Renta Global” ni de cuál sería el
alcance de la reforma al sistema territorial que ha mencionado en la prensa.
Tampoco tenemos conocimiento sobre el alcance de los compromisos que el
Gobierno ha dicho que ha asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en
cuanto a dichas reformas tributarias. Al igual que otros países lo han hecho, Costa
Rica debe buscar cumplir con la UE, pero buscando siempre hacerlo dentro de los
límites razonables de los estándares exigidos y siempre y cuando no se genere un
perjuicio mayor a la débil economía actual. Además, la situación actual con la UE
no debe ser usada de excusa para pretender incluir reformas e incrementos en la
carga tributaria que vayan más allá de lo que verdaderamente exige la UE y que
más bien respondan a intereses de agendas políticas locales que pretenden gravar
otros tipos de rentas y personas.
El sector empresarial reafirma su compromiso de colaborar para buscar una
solución pronta y adecuada para lograr ser excluidos de la lista de la UE a la
brevedad posible. Y considera necesario y oportuno el acercamiento y activación
de todas las vías diplomáticas e institucionales con el fin de defender la soberanía
del país y su sistema tributario, hacer las reformas que sean estrictamente
necesarias, así como generar soluciones que procuren la reactivación económica,
la competitividad, el fomento de la inversión extranjera y local, así como la
estabilidad económica del país en general.
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